Resulta candente hablar en los últimos días de legislación y no tener en mente una evocación a una ampliación de derechos basados en una igualdad efectiva o una restricción o prohibición de derechos colectivos de la ciudadanía.
Me dispongo a hacer una simple y precisa comparación entre la acción de juristas llevando a cabo ambas leyes del mismo rango de aplicación pero de distinta índole.
Por un lado, hablamos de ampliación de derechos cuando posicionamos al ciudadano dentro del Estado con los mismos requisitos y deberes. Esto es por un lado, supresión de privilegios y un establecimiento común de derechos.
Jurídicamente podríamos hablar de un principio que se ha ido incrementado a medida que el Estado se va democratizando y constitucionalizándose en aspectos referidos a la Igualdad material.
Desde otra perspectiva, hablamos de una restricción o prohibición de derechos colectivos cuando el Estado jurídicamente establece cauces que favorecen a ciudadanos incluso por encima de la conciencia social del Estado.
España no puede, desafortunadamente, distinguirse como un Estado con una legislación viva o propia. El retardo y atraso legislativo de nuestro país es irremediable que deba posicionarse tras la II Guerra Mundial, donde la mayoría de países europeos desarrollaban legislaciones progresistas y amplias que intentaban suplir las lagunas pasadas. Las mismas lagunas que España tuvo que suplir en 30 años cuando otros habían empezado la carrera cuarenta años antes.
Es también de admirar, el coraje legislativo de la ampliación de derechos civiles y las conquistas sociales, pero también es totalmente anacronista el sentido de leyes restrictivas y obsoletas que pretenden paliar vacíos jurídicos con pobres textos legales que sin duda, empobrecen la capacidad legal del Estado.
Para finalizar, y dado que es mi primer texto de 2011, quiero ser más explícito.
Por un lado hablo de la supuesta “Ley Antitabaco”. Una ley abierta al ciudadano, que asemeja a la legislación europea y que restringe privilegios a los ciudadanos incluyendo a todo el Estado en el mismo rango normativo. Una ley que establece medidas de igualdad y pone fin a la hegemonía del fumador. Una ley, con un carácter social sanitario la cual estará más que superada en unos años, donde el ciudadano verá como utopía el acto de fumar cerca de otros que deciden no hacerlo.
Por otro lado, la casposa y alegal “Ley Sinde” que intenta someter al ciudadano al pensamiento único de propiedad intelectual y legal. Una ley obsoleta incluso antes de su entrada en vigor. Una ley sin cauces jurídicos determinados que restringe sin duda derechos otorgando privilegios a otros.
España no puede permitirse el lujo de nuevo de empobrecer nuestro sistema jurídico con éste tipo de normas. La propiedad intelectual, y en éste caso, los medios deben protegerse, pero creo que existen más medios jurídicos o legales para poder llevar a cabo una ley digna de ampliar derechos y nunca, de conceder privilegios.
Antonio Ligero.
Feliz año 2011.
